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Boletín informativo del CEPI N° 2, Diciembre de 2010
Ciclo de charlas sobre sociedad, igualdad y derechos humanos
Adhesión del Centro de Estudios por la Igualdad a la campaña "Saber es un derecho"
Vivienda y emergencia habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jimena Navatta - Albertina Maranzana
Concurso de ensayos 2010, resolución del jurado:
Análisis de proyectos legislativos sobre ingreso ciudadano para niños, niñas y adolescentes. Agosto de 2009.
Transporte público inclusivo. Pensando el transporte desde el futuro hacia el presente, por Marcelo Fabián Yahari.
Como nuevo paradigma, convive con otros preexistentes tanto en lo discursivo como en las prácticas desde el enfoque del transporte e inclusión social.
Abordaremos qué significa transporte inclusivo y si hay diferencia entre integración e inclusión.
Veremos la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires de vastos sectores bajo extrema pobreza, el fenómeno de las drogas, los altos niveles de accidentes viales y la cuestión etárea al respecto.
Nos preguntaremos “es la sociedad la que discapacita o es la discapacidad la que excluye?” Existe una población hacia la cual se debe orientar el transporte inclusivo. Se Interpelará sobre el concepto de la diferencia. Reflexionaremos sobre el sistema de Transporte Público Inclusivo analizando ciertos mitos: los viejos no viajan, nosotros no tuvimos una guerra, los discapacitados no son tantos.
Frente a esta realidad veremos cual será el papel de los distintos agentes y cómo construir consenso multidisciplinario para lograr un verdadero Transporte Público Inclusivo. Entendiendo el mismo ya no como concepto estático sino como una actitud y práctica en continuo replanteo y revisión de todas sus variables y hacia donde se debe dirigir una política que aspire a ser inclusiva.
El presente trabajo propone y aporta nuevos puntos de mirada que pueden ser bajados a la realidad para el abordaje de políticas públicas y para enriquecer la visión de los agentes del sistema del transporte público.
El texto completo lo podrán ver en el siguiente link correspondiente al sitio del Centro de Estudios por la Igualdad en SCRIBD:
“Hacia una nueva teoría crítica de la sociedad”, por Pablo José Semadeni.
Los desafíos de nuestra época
Una de las dificultades intelectuales más gravosas del mundo contemporáneo es detectar con precisión de qué manera funciona y se manifiesta la sociedad, tanto desde el punto de vista político, como cultural y económico. Desde nuestra perspectiva, la metáfora geográfica de la “rugosidad” o “pliegue”, utilizada por el geógrafo Milton Santos para analizar algunas características de los territorios, seguramente podrá ayudarnos en este camino de comprensión.
En primer lugar, advertimos una persistente inercia de algunos valores, instituciones y prácticas de la llamada Modernidad. Estos valores y prácticas modernas todavía moldean nuestras conciencias y expectativas, a modo de un extendido imaginario, cuyo anclaje se halla, por ejemplo, en la función de la escuela básica o en el principio del sufragio popular. Las nociones de Civilización y Progreso, en cambio, tan cardinales durante el siglo XIX, parece que se encuentran moribundas, aunque muchos intentan otear el horizonte, para vislumbrar un nuevo esquema de reproducción de la sociedad y su imaginario. Incluso para algunos pensadores, como Jurgen Habermas, la Modernidad todavía constituye, en la actualidad, un “proyecto inconcluso”, proponiendo rescatar su mejor legado, ligado a la racionalidad y a la reproducción más o menos sostenida de la sociedad. No obstante este intento, debe reconocerse la herencia brutal que el proyecto moderno ha legado a la ecumene humana, dualizando y simplificando el mundo, violándolo, en definitiva.
La persistente presencia de algunos atributos de la Modernidad es un rasgo o “pliegue” de nuestra caprichosa época, que se encuentran imbricados, sin embargo, sobre otra formación de diferente aleación. Resulta bastante conocido el hecho que la difusión de los valores y prácticas posmodernos establecieron un diálogo fecundo e incluso exasperante con las creencias modernas, constituyendo otra cara del mismo proceso, que bien podríamos entender, como tal vez haga nuestro hipotético historiador, como una geografía mental en donde se debaten los contemporáneos. La llamada Posmodernidad significó, entonces, un intento por superar o corregir los abusos y “coartadas” de la Modernidad, colocando el énfasis en las simplificaciones de su programa, en los olvidos y represiones, en definitiva; en la versatilidad de la especie humana, tan poco propensa a ser reducida a un universal invariable. Con el advenimiento del clima posmoderno en torno a 1970, por lo tanto, se llevó a cabo un entusiasta (y a veces interesado) festival de deconstrucción y demolición de las constelaciones modernas, erosionando las grandes creencias y relatos, desviándose el curso, así, hacia una explosión en las perspectivas y campos de atención. Lo que antiguamente se encontraba reprimido, oculto o apenas insinuado, hizo su aparición, entonces, en la arena psicológica y social, estableciéndose nuevas legitimidades, nuevas sensibilidades y modos de vida. Este “torbellino” de pluralidad afectó, profundamente, la cultura de masas, junto con el pensamiento político y económico y el mismo paradigma interpretativo en que se hallaba asentada la ciencia moderna. Donde había una única razón, por lo tanto, pasó a existir lógicas con múltiples contornos, cayéndose, en algunos casos, en un empirismo del detalle, por lo que algunos pensadores solicitan, ya, una tregua metodológica, buscándose, de manera denodada, ensamblar y cohesionar las bases del trabajo intelectual. Lo mismo ocurre, por otra parte, en la esfera de la sociedad, que ofrece una panorámica de calidoscopio, pero que, interrogada por tantas novedades, insinúa un deseo de sutura de su diversidad. Entonces, nuestro hipotético historiador del futuro, si acaso enfocara bien la lupa, podría advertir a pequeños grupos de trabajadores de las ideas buscando y desarrollando una nueva teoría crítica de la sociedad, como un modo de contrarrestar los feudos intelectuales y el cacareo insustancial. De esta manera, la Posmodernidad se comportó como una fabulosa caja de Pandora, surgiendo a la luz, sin embargo, novedosas aproximaciones empíricas y teóricas, que la Modernidad había reprimido con su afán totalizador. Como la Globalización, concepto que le viene asociado y que se dirige a describir ciertas características de la cultura, la economía y la política contemporáneas, ambas prometen una idílica libertad, después de la solidez y omnipresencia de los valores que dominaron durante el periodo moderno. A pesar de esto, la Globalización es un concepto que genera dificultades en su uso y difusión, ya que detrás de su aire seductor se esconde, como siempre, la íntima geografía de las jerarquías y tradiciones. Nuestro historiador del futuro quedaría en este punto pasmado, pidiéndonos más argumentos para perfeccionar su interpretación.
Las Ciencias Sociales dominadas por la inercia
Como hemos sugerido con anterioridad, las Ciencias Sociales están vivenciando un profundo malestar epistemológico, que cuestiona su razón de ser, a pesar de la inercia que presentan y que podría sugerirnos la idea que se hallan en una etapa de “ciencia normal”, es decir, bajo paradigmas sólidamente establecidos. A pesar de esta impresión, la Economía, como la Antropología y la Sociología, y también la Historia y la Filosofía, se encuentran en una disyuntiva, como es superar la crisis del paradigma científico moderno, cuyas premisas se hallaban depositadas sobre el irreductible modelo lógico-matemático. Esta incomodidad pudo ser sorteada prudentemente por la Historia y por algunas áreas de la Filosofía, ya que siempre fueron reticentes a formular leyes, prestando atención, en cambio, al universo de lo subjetivo, la cultura y la ideología. Desde muchos miradores, por lo tanto, se procura transitar esta etapa de transición, verdadera “rugosidad” o “pliegue” analizado en una escala amplia. En este esfuerzo se encuentran enrolados tanto científicos sociales como movimientos sociales, escapados de la matriz de la Modernidad y que pugnan por constituirse como actores legítimos, a partir de la militancia en temas ecológicos, de economía solidaria, de desarrollo sustentable, etcétera. Las “rugosidades” o “pliegues” a las que hemos aludido presentan, así, elementos de larga y de corta duración, a modo de ondas, que involucran tanto realidades de infraestructura económica y política como así también valoraciones culturales. Es decir, por un lado hemos advertido la indudable persistencia del imaginario y de las instituciones modernas, conviviendo de manera problemática con el clima cultural que impuso la Posmodernidad. A partir de este problemático encuentro, en algunos círculos se manifiesta un malestar de la cultura y una especie de llamado a la unidad, que podría ser interpretado como un movimiento conservador, pero también como una advertencia ante la diversidad que hoy asumimos y que no posee una adecuada base epistemológica. Como hemos mencionado, lo mismo ocurre en el campo de la sociedad, en donde las aceleradas transformaciones han hecho perder de vista el entramado de su “funcionalismo” y cohesión. Por lo tanto, si una “rugosidad” de nuestro paisaje contemporáneo está constituida por algunos elementos de la Modernidad, que arrastran sus pies como aprisionados por una pesada cadena, otra lo constituye el avance irreversible de las transformaciones políticas, económicas y culturales que se impusieron a partir de 1970, destacándose en el horizonte, sin embargo, una tercera formación, que apenas comienza a advertirse como cuando nos vamos aproximando hacia una montaña. Este tercer “pliegue” hacia el cual nos encaminamos, procura forjar una síntesis de las formas de organización de las sociedades históricas, junto con sus culturas y estilos de vida. Por este motivo consideramos que a esta emergencia le cabe bien el rótulo de “Universalismo”, que no debe confundirse con cosmopolitismo y mucho menos con Globalización. Se trata, por lo tanto, de un esfuerzo por superar esta etapa llena de enigmas y paradojas, dotando a nuestras prácticas y a nuestro modo de pensar de un nuevo soporte referencial. Precisamente en el campo de las Ciencias Sociales mencionadas, se debe reconocer que la mayoría de sus disciplinas nacieron vinculadas con el Estado y con el proyecto de modernización de la sociedad, produciendo saberes “legítimos” que fueron demandados por la burocracia y por la sociedad civil. La Antropología, la Economía y la Sociología, pero también la Historia, la Geografía y la Filosofía, presentaron desde su origen como disciplinas una matriz evolucionista y eurocentrista, ligada al Progreso y la Civilización, fuera de lo cual se hallaban los elementos marginales de la realidad social, que debían ser tutelados, encauzados o simplemente ignorados. Las corrientes estructuralistas y funcionalistas en las Ciencias Sociales, por lo tanto, vivieron al acecho de las estructuras, funciones y conocimientos sustanciales, lo mismo que el marxismo, que nunca se corrió de esta matriz de origen, a pesar de su propuesta de transformación revolucionaria de la realidad. El sentido común de la Modernidad, por lo tanto, tuvo un complejo origen y despliegue a lo largo de varios siglos, hallándolo palpitante todavía en el presente, aunque retado por nuevas formas de pensar y de transcurrir la vida.
El espejo de América Latina
América Latina significa un inmenso laboratorio para la humanidad. Tierra de promesas y desilusiones, vive sojuzgada por una minoridad que le duele. Desde sus orígenes como idea nació mediada por la colonialidad del saber, que debe remontarse, por lo menos, al lejano siglo XV. Europa, tácitamente, delineó a partir de ese siglo los atributos deseables y universales para toda la humanidad, colisionando con otras sociedades y culturas, que podríamos entender como “particulares”, por lo que necesariamente debían alejarse de los principios erigidos en aquella pequeña comarca. Diversas “desviaciones” o taras “tradicionales” emanaron naturalmente de este esquema de hierro, presentes todavía en la actualidad, al considerarnos como parte de países del “Tercer Mundo” o en “vías de desarrollo”, siempre con referencia a la matriz europea. El corazón de Occidente, por lo tanto, siempre pareció ir a la cabeza de los procesos, quedándole al resto la sensación de ser una burda copia. Cómo pudo imponerse y naturalizarse con el transcurrir del tiempo esta visión de vida es una buena pregunta, que no podremos responder en este artículo. Importa, en cambio, destacar la traumática relación establecida con el “colonizador”, ya sea a través de la apropiación, la adaptación o el rechazo de su lógica y fundamentos. Como intuía el mismo Sarmiento, América Latina jamás sería como Europa, por lo que no nos quedaría otra opción, al parecer, que extrapolar su modelo, aunque la imagen resultara defectuosa y con matices de provincia o periferia. Sin embargo, en diferentes etapas de la azarosa vida intelectual latinoamericana, el indigenismo del peruano José Carlos Mariátegui, el marxismo latinoamericano y diversos milenarismos mesiánicos intentaron forzar una puerta de salida hacia un sistema propio, que respetara las propias tradiciones e insumos sociales. Los llamados Populismos latinoamericanos (Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Cárdenas en México), no fueron más que arriesgados intentos por adecuarse a las prescripciones de los tiempos políticos y sociales europeos, generando agudas controversias, porque, como enseñan las Ciencias Sociales, las estructuras hablan siempre. Durante la década de 1960, por otra parte, se desplegó una enorme actividad y talento en el campo de las Ciencias Sociales latinoamericanas, dando a luz la llamada Teoría de la Dependencia, cuya clave estaba en la relación Centro-Periferia, que vinculaba a los países a través de una lógica de hierro. La escuela de los pensadores del CEPAL, por su parte, intentaron propulsar un prometedor y a nuestros ojos nostálgico Desarrollismo, que bien mirado era una copia tardía del modelo europeo, basado en el impulso a la industrialización y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Estos esfuerzos nos hablan, claramente, del talento de nuestra sociedad, aparentemente desorientada en el presente y sin respuestas ante los nuevos desafíos. Porque pensar nunca fue fácil desde la periferia, por los atentados contra la vida y contra el pensamiento que se cometen de manera cotidiana. También, como resulta fácil de comprobar, las fuentes de legitimación del conocimiento científico y artístico se encuentran en Europa, que veta o alienta nuestras elaboraciones, tildándolas de adecuadas, insignificantes o “mágicas”. La experiencia que hemos acumulado, no obstante, es lo suficientemente significativa como para formar una tradición, bien que en ciertos aspectos de su desarrollo se advierte un entramado más bien artesanal. El historiador del futuro al que hemos convocado al principio de este artículo, podría ser testigo, entonces, del intento por transitar las “rugosidades” o “pliegues” que hemos formulado, de la manera más digna y honesta, como siempre.
La superación de las antinomias
Deberíamos decir, entonces, que para cruzar esta tierra fangosa desde el punto de vista cultural y político convendría dejar de lado los esencialismos, junto con la permanente tentación que tenemos los latinoamericanos de remontarnos al pasado para traerlo de los pelos. Porque eso es nada más y nada menos que un anacronismo, es decir; algo que se halla fuera de la habitual cronología, fuera de nuestro tiempo. Por el contrario, el camino resulta mucho más largo y difícil, en base a la “montaña” de tres pliegues que hemos detectado en el horizonte y que se trata de cruzar con éxito. El actual malestar de la cultura y la búsqueda de una fórmula de reemplazo nos habilita, entonces, a emparentar este fenómeno con la presencia de algunos atributos de la Modernidad en crisis, junto con las prácticas (muchas de ellas de indudable riqueza) que presenta el clima posmoderno. Asimismo, queda claro, también, las contradicciones que está generando este encuentro, ya que los significados y las expectativas se hallan en tensión o a veces en abierta contradicción. De esta manera, cuando un Profesor apela a corregir a un alumno señalándole la conveniencia de ciertos valores modernos, como el trabajo, el ahorro y el sacrificio, el alumno, luego de un instante de silencio, es probable que responda que nada de eso existe, mucho menos la relación virtuosa que ofició como ordenador mental para muchas generaciones. La salida para sortear este aparente laberinto, por lo tanto, se encuentra en establecer fórmulas de compromiso abiertas y creativas, que nosotros hemos identificado con el nombre de “Universalismo”, si acaso no resulta demasiado pomposo. Sin lugar a dudas, en nuestro preparativo para iniciar este largo y azaroso viaje deberemos ser precavidos, como los grandes viajeros. Es decir, en nuestro equipaje no deberá faltar una buena dosis de teoría, de prácticas cotidianas y un espíritu o cultura que lo reconforte todo.
En cuanto al aspecto teórico, ya lo hemos abordado en parte a lo largo de este artículo. Cabría agregar que no convendría conformarse con el abanico de ideas en curso, ya que la tan trillada Globalización, por ejemplo, no promete sólo libertad sino también severas derrotas. Se trata, en todo caso, de rescatar y restañar las categorías modernas que resulten ineludibles para el mejoramiento de la especie humana, pero también de algunos aportes de la corriente posmoderna, en muchos casos bien fundados. Esta “síntesis”, junto con algunos rasgos que pasaremos a detallar a continuación, es lo que creemos están buscando de manera ferviente los hombres y mujeres actuales, una nueva utopía social, si se quiere, como acuñaron los modernos en su momento en trance de dejar atrás el “idiotismo” del Antiguo Régimen.
En cuanto a la misión de las Ciencias Sociales, partiendo de que cada una de ellas posee sus propios métodos y competencia, sería deseable que pudieran moderar su especialización, que vuelve insustanciales sus resultados, perdiendo de vista, así, el bosque del conocimiento significativo. Como premisa general, deberían mantenerse atentas al “espíritu” y a las “cristalizaciones” de los fenómenos y épocas que estudian, adoptando un enfoque sistémico y no sectorial, atento, como menciona Mario Bunge (2006), a las estructuras, su entorno y dinamismo. Pero por sobre las cuestiones utilitarias de la ciencia, el énfasis sobre el trabajo teórico será ineludible, ya que la Posmodernidad retó al paradigma científico moderno de manera inédita, por lo que convendrá sumergirse en un enriquecedor diálogo con el objetivo de dotar a la diversidad de un sólido marco epistemológico.
En el campo de las prácticas, nuestro continente está haciendo un gran aporte en este momento, apoyado en las experiencias de diversos movimientos sociales (feministas, piqueteros, ambientalistas, comunidades indígenas y sexuales), luego del colapso de las estructuras tradicionales. Por lo tanto, no se trata de renegar y de mirar con nostalgia el pasado sino de lograr un nuevo “funcionalismo social”, ensamblando y cohesionando los segmentos sociales, en base a un “contrato social” reformulado que acote el nivel de exclusión. Las solidaridades sociales e institucionales deben desplegarse con urgencia en nuestra América, porque sino el alma de una sociedad se pierde, cayendo en la anomia, la guerra larvada y la anarquía.
Por último, en el plano del espíritu y la cultura, se necesitará de los más talentosos pensadores, artistas y profetas. Estos deberán realizar una tarea para “desnudar” al mundo, de modo que todas las civilizaciones puedan verse la cara, sin resquemores ni verguenza. Embellecer y simplificar la vida implica una verdadera proeza, permitiéndonos acercarnos, así, a la esencia de la naturaleza, que ya no podemos dominar y que, por el contrario, debemos cuidar ardientemente. El diálogo entre culturas deberá mantenerse atento a la traducción de los diversos conocimientos que han ido acumulando las sociedades a lo largo el tiempo, que ya no desean ser valoradas bajo un único patrón universal; el Occidental europeo. El estrecho pero ineludible sendero por donde la humanidad transite esta encrucijada debe contemplar, por lo tanto, una generosa actitud “Universalista”, ya que a la inteligencia de los contemporáneos acude cada vez más la idea que el mundo cabe en las manos y que debe ser sabiamente reformulado. La utopía de los hombres y mujeres entregados a un programa semejante debe conducir, entre otras cosas, a la conquista de una “sociedad básica”, en donde no existe el hambre ni la indignidad. La paz y la complementariedad, y no la competencia, deberán ser los puntos cardinales hacia donde dirigirnos, como modo de cruzar esta geografía escabrosa por donde transitamos, que promete ser ardua a menos que nos apoyemos sobre el hombro de nuestro compañero de viaje.
Ahora sí nuestro imaginario historiador se sentiría satisfecho y podría comenzar a tomar notas para esbozar la valoración de nuestros esfuerzos y dilemas. El mismo, envuelto en los detalles de su vida cotidiana, seguramente se convertirá en un vocero de nuestra especie. Entonces, si acaso va a asumir esa misión, dejemos aquí asentado nuestro testimonio.
Bibliografía citada
-Bunge, Mario, Epistemología, Siglo XXI Editores, México, 2006.
Proyecto del INCINI presentado en 2010:
PROYECTO DE LEY
Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.
| Nº de Expediente | 2372-D-2010 |
|---|---|
| Trámite Parlamentario | 038 (21/04/2010) |
| Sumario | CREACION DEL FONDO PARA EL INGRESO CIUDADANO DE LA NIÑEZ (FINCINI), EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR LA ANSES; DEROGACION DE LOS INCISOS H), K), W), E Y) DEL ARTICULO 20 DE LA LEY 20628 DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, TO DECRETO 649/97 Y MODIFICATORIAS; DEROGAR DE LA LEY 24714, SUS LEYES Y DECRETOS MODIFICATORIOS DE AQUELLOS BENEFICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA NIÑEZ Y DISCAPACIDAD; MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1(REGIMEN DE ASIGNACION FAMILIAR), 5 (FINANCIAMIENTO) , 6 (PRESTACIONES) DE LA LEY 24714 Y SUS MODIFICATORIAS; SUSTITUCION DE LOS ARTICULOS 23 (DEDUCCION DE GANANCIAS NETAS) Y 104 (PARTICIPACION DEL FINCINI EN LA DISTRIBUCION DE LO RECAUDADO POR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS) DE LA LEY 20628 DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, TO POR DECRETO 649/97 |
| Firmantes | CARRIO, ELISA MARIA AVELINA - CARCA, ELISA BEATRIZ - DE PRAT GAY, ALFONSO - MORAN, JUAN CARLOS - GIL LOZANO, CLAUDIA FERNANDA - REYES, MARIA FERNANDA - FLORES, HECTOR - TERADA, ALICIA - COMI, CARLOS MARCELO - GARCIA, SUSANA ROSA - PEREZ, ADRIAN - RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA - PIEMONTE, HECTOR HORACIO. |
| Giro a Comisiones | ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA; LEGISLACION DEL TRABAJO; PRESUPUESTO Y HACIENDA. |
El Senado y Cámara de Diputados,.. .
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.
"FONDO PARA EL INGRESO CIUDADANO DE LA NIÑEZ"
CAPITULO 1: OBJETIVOS Y DEFINICIONES
Art. 1: Créase el Fondo del Ingreso Ciudadano de la Niñez (FINCINI), cuyo objetivo único será atender al financiamiento del "Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI), la Atención Prenatal y de las Personas con Discapacidad, al Beneficio por Maternidad y a los Beneficios por Nacimiento y Adopción", según se establecen en la presente ley.
Art. 2: El INCINI consiste en una asignación monetaria que se abonará mensualmente y a la que tienen derecho la totalidad de los niños y niñas argentinos, nativos o por opción, hasta los 18 (dieciocho) años de edad, que acrediten residencia en el país; las mujeres embarazadas que acrediten cinco (5) años de residencia inmediata en el país; y las personas con discapacidad argentinas, nativas o por opción y con residencia en el país que acrediten la existencia de la discapacidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 22.431. El INCINI es un beneficio inembargable, que no otorga derecho a percibir una asignación anual complementaria.
Art. 3: La mujer embarazada que cumpla con los requisitos del artículo 2º tendrá derecho a percibir el INCINI como beneficio prenatal que se abonará desde el momento de acreditación del embarazo y hasta el nacimiento del hijo. Este estado debe ser acreditado a partir del tercer mes de embarazo, mediante certificado médico otorgado por establecimiento público o servicio médico privado autorizado.
Art. 4: El INCINI se abonará a la madre, cuando ésta conviva con el niño o niña, y de no mediar disposición judicial en contra. En caso contrario, el beneficio se hará efectivo al padre, tutor o a quien tuviera otorgada la guarda del niño o niña. El perceptor del INCINI será responsable de la efectiva utilización del beneficio en favor de su titular y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 inciso 2) y 4) no sean cumplidos por el/la administrador del beneficio no habilita la perdida del mismo, por el contrario habilita el cambio del el/la administració n del beneficio sin dejar de percibir la asignación por parte del niño, niña o adolescente. .
Art.5: El Ingreso Universal a la Niñez será acreditado dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada mes, en una cuenta abierta en el Banco de la Nación Argentina y a través de la tarjeta de débito Ingreso Universal. Dicha cuenta y tarjeta será única por responsable y no tendrá costo de emisión ni de mantenimiento.
CAPITULO 2: BENEFICIOS.
Art. 6: Fíjese como valor mínimo inicial del Ingreso Universal a la Niñez la suma de DOSCIENTOS PESOS ($200).
El valor del INCINI se ajustara anualmente por el valor de la canasta básica alimentaria por adulto equivalente publicada por el INDEC.
Art. 7: En el caso de niños o niñas con discapacidad se establece un valor igual al doble del beneficio mencionado en el art. 6º, el que se abonará sin límite de edad a partir del mes en que se acredite tal condición.
Art. 8: Establécense los beneficios por Nacimiento y por Adopción. El beneficio por Nacimiento consiste en un pago igual a tres veces el beneficio establecido en el art. 6º que será abonado en el mes en que se produzca el nacimiento. El beneficio por Adopción consiste en un pago igual a diez veces el beneficio establecido en el artículo 6º que será abonado en el mes en que se produzca la adopción.
Art.9: Reintegrase a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cien por ciento (100%) de lo recaudado en concepto de Impuesto al Valor Agregado, a partir de las operaciones de compra realizadas con la tarjeta de débito Ingreso Universal a los/las titulares de las mismas.
Dicho reintegro será determinado y acreditado mensualmente en la cuenta dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la finalización del mes calendario en el cual se hubieren realizado los pagos que motivan dicha retribución.
CAPITULO 3: REQUISITOS VINCULADOS AL INCINI.
Art. 10: Son requisitos para la percepción del INCINI los siguientes:
1) Acreditar identidad,
2) En el caso de los niños o niñas en edad escolar (5 años y más), la demostración semestral, mediante certificado de alumno regular, de la asistencia a la educación formal. Serán exceptuados de estos requisitos aquellos que acrediten la imposibilidad de continuación de la escolaridad por falta de vacantes en el sistema público.
3) En el caso de las mujeres embarazadas, la demostración y ratificación trimestral de la condición de embarazada, por establecimiento público o servicio médico privado autorizado.
4) En el caso de los niños o niñas menores de 5 años, la demostración de controles médicos por parte de establecimientos públicos o servicio médico privado autorizado, así como las certificaciones de cumplimiento de las vacunas obligatorias.
5) En el caso de discapacidad deberá acreditarse tal condición mediante los certificados médicos correspondientes.
CAPITULO 4: FINANCIAMIENTO
Art.11: El FINCINI se financiará con:
a) Los recursos provenientes de lo establecido en el artículo 5 inciso a) de la Ley 24.714 y sus modificatorias.
b) El 18% de la recaudación del impuesto a las ganancias, conforme lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley.
c) Los recursos que anualmente fije el Congreso de la Nación en el Presupuesto General de la Nación hasta cubrir la totalidad del financiamiento requerido para el cumplimiento de la presente ley.
d) Los recursos definidos en los artículos 22 y 23 de la presente ley.
Art.12: Sustitúyese el artículo 1 de la Ley 24.714 y sus modificatorias por el siguiente:
Se instituye, con alcance nacional y obligatorio, y sujeto a las disposiciones de la presente ley, un régimen de asignaciones familiares basado en:
a) Un subsistema de ingreso ciudadano universal a la niñez el que se financiará con los recursos previstos en el artículo 5° de la presente ley.
b) Un subsistema de aplicación a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez, el que se financiará con los recursos del régimen previsional previstos en el art. 18 de la ley 24.241.
Art. 13: Sustitúyese el artículo 5 de la Ley 24.714 y sus modificatorias por el siguiente:
Las asignaciones previstas en esta ley se financiarán:
a) Las que correspondan al inc. a) del art. 1º de esta ley, con los siguientes recursos:
1. Una contribución a cargo del empleador del nueve por ciento (9 %) que se abonará sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley. De ese nueve por ciento (9 %), siete y medio puntos porcentuales (7,5 %), se destinarán exclusivamente al Ingreso Ciudadano para la Niñez y el uno y medio (1,5 %) restante al Fondo Nacional del Empleo, con la escala de reducciones prevista en el 2609/93, y sus modificatorios decs. 372/95, 292/95 y 492/95, los que mantienen su vigencia en los porcentajes y alícuotas especificados para cada caso.
2. Una contribución de igual cuantía a la establecida en el punto anterior, a cargo del responsable del pago de prestaciones dinerarias derivadas de la ley 24.557, sobre riesgos de trabajo.
3. Intereses, multas y recargos.
4. Rentas provenientes de inversiones.
5. Donaciones, legados y otro tipo de contribuciones.
b) Las que correspondan al inc. b) del art. 1º de esta ley con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el art. 18 de la ley 24.241.
c) Las asignaciones por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal, asignación por matrimonio y la asignación por maternidad se financiarán con los siguientes recursos:
Los recursos que anualmente fije el Congreso de la Nación en el Presupuesto General de la Nación hasta cubrir la totalidad del financiamiento requerido para el cumplimiento de la presente ley.
Art.14: Sustitúyese el artículo 6 de la Ley 24.714 y sus modificatorias por el siguiente:
"Se establecen las siguientes prestaciones:
a) El ingreso ciudadano universal a la niñez.
b): Asignación por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal.
c) Asignación por maternidad.
d) Asignación por nacimiento.
e) Asignación por adopción.
f) Asignación por matrimonio."
Art. 15: A los efectos de la contribución indicada en el inciso a) punto 1 del artículo 13 de la presente, se considerará remuneración la definida por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Artículos 6° y 9° de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias) .
Art. 16: Deróganse los incisos h), k), w), e y) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628, texto ordenado por Decreto 649/97 y sus modificatorias.
Art. 17: Sustitúyase el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628, texto ordenado por Decreto 649/97 y sus modificatorias, por el siguiente:
Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS ($13.200.-), siempre que sean residentes en el país;
b) En concepto de deducción especial, hasta la suma de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($63.200.-) cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el Artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el Artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
Art. 18: Sustitúyase el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628, texto ordenado por Decreto 649/97 y sus modificatorias, de la siguiente forma:
"El total de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias se destinará a:
a) 18% al Sistema Único de Seguridad Social para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales;
b) 18% para atender al financiamiento del FINCINI;
c) 64% restante se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las provincias conforme a las disposiciones de los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 23.548.
CAPITULO 5: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
Art. 19: Derógase de la Ley 24.714 y sus leyes y decretos modificatorios aquellos beneficios relacionados directamente con la niñez y discapacidad. Las prestaciones determinadas por dicha ley y sus modificaciones se mantendrán hasta la fecha de inicio del pago de los beneficios equivalentes establecidos en la presente ley.
Art. 20: El FINCINI será administrado por la ANSES.
Art. 21: La contribución de los empleadores será declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que integran el sistema único de la seguridad social (SUSS) y será administrada por la ANSES en forma separada de los demás subsistemas de la Seguridad Social.
CAPITULO 6: CLÁUSULAS TRANSITORIAS.
Art. 22: Los recursos provenientes de la eliminación y/o reformulación de programas asistenciales de transferencia de ingreso basados en la niñez, la discapacidad o la familia serán destinados al FINCINI.
Art. 23: Aféctese al FINCINI el aumento de la recaudación tributaria que corresponda a la Nación por sobre los recursos tributarios determinados en la Leyes de Presupuesto, hasta la suma que sea necesaria para cumplir con los beneficios que se establecen en la presente ley.
Art. 24: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inspira en la necesidad de establecer en la Argentina una red de seguridad en los ingresos para todos los ciudadanos, en general, y para la niñez, en particular. El objetivo es que a mediano o largo plazo la totalidad de los ciudadanos del país cuenten con un ingreso básico garantizado fiscalmente, y de esta forma, no sólo sea posible prevenir que las personas caigan en situaciones de pobreza extrema sino, también, permitir formas mas eficientes y equitativas para el funcionamiento del mercado de empleo y mejorar los problemas derivados del desempleo y el subempleo. Dadas las limitaciones fiscales existentes, los profundos cambios institucionales que deberían realizarse para la instauración plena de una garantía universal de este tipo y la situación de particular vulnerabilidad de la niñez, el presente proyecto de ley se propone un objetivo realizable en el corto plazo: establecer un ingreso garantizado fiscalmente que cubra a todos los niños y niñas hasta el momento de cumplir 18 años, conforme el criterio de edad establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y a las mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Esta medida no debe considerarse como una propuesta aislada o solamente complementaria de las políticas que en el área social y de la niñez se llevan actualmente a cabo. Por el contrario, debe comprenderse como un primer paso para revertir las estrategias que se vienen aplicando en el campo económico y social. Así, en lugar de continuar profundizando programas discrecionales que buscan focalizar la asistencia en aquellas personas y/o grupos familiares con determinadas privaciones, debería tenderse a desarrollar intervenciones de carácter universal y preventivo. De esta forma se evitaría que amplios sectores sociales caigan en situaciones degradantes para su bienestar y su condición humana (en muchos casos, con efectos irreversibles) , generando situaciones estigmatizantes e ineficiencias en la atención de los grupos más necesitados. Por lo mismo, en lugar de financiar las políticas sociales mediante políticas tributarias de carácter regresivo o primas contributivas a seguros sociales fragmentados y estratificados, debería establecerse un sistema que integre de manera más eficiente y equitativa las diversas necesidades de las personas con su capacidad contributiva y con los beneficios fiscales que reciba.
Es evidente que este proyecto de ley se inspira en criterios de solidaridad social, equidad e igualdad, que difieren de los que dan base a las políticas que se vienen aplicando. Por lo mismo, pretende señalar e iniciar un camino alternativo que a la vez que fomente el crecimiento económico y el empleo, logre mejoras en la distribución de la riqueza. Es sabido que la recuperación del crecimiento económico de los últimos años, ha logrado bajar los peores índices de pobreza de la crisis del 2001, a pesar de lo cual no sólo éstos siguen siendo elevados, sino que además la desigualdad distributiva apenas ha mejorado. En la visión que aquí se propone, los problemas de la pobreza y desigualdad se entienden como integrados a la estrategia económica global y no como un elemento residual, al que se pretende "combatir" una vez que sus manifestaciones se agudizan y sus efectos destructivos se tornan irreversibles.
Como elemento imprescindible de esta nueva estrategia, el "Fondo del Ingreso Ciudadano de la Niñez" (FINCINI) que se propone crear a través del presente proyecto, expresa la determinación de reservar una masa de recursos fiscales con el objetivo primordial de destinarlo a financiar un cierto ingreso monetario a todos los niños y niñas hasta el momento de cumplir 18 años de edad.
¿Cuál es la diferencia conceptual entre esta propuesta y el tipo de políticas aplicadas hasta aquí en el área social incluyendo la Asignación Universal por Hijo establecida por el Decreto 1.602/09? La universalidad e incondicionalidad son las principales características de esta propuesta. Este proyecto de creación del Ingreso Ciudadano de la Niñez asigna la titularidad del derecho al niño y no a sus padres. El niño tiene ese derecho por el solo hecho de ser ciudadano. El FINCINI pagaría un ingreso incondicional a cada niño/a, denominado aquí "Ingreso Ciudadano de la Niñez" (INCINI). EL INCINI consistirá en una suma de dinero uniforme, abonado mensualmente, para cuyo acceso no se establecen condicionantes o requisitos adicionales, sea por parte de los beneficiarios directos (los niños y niñas) como de sus padres o tutores. Es decir, no se exigirá que alguien sea declarado incapaz, haber contribuido previamente con una prima de seguro (privado o público), o que se demuestre que los niños o niñas - o sus familiares o tutores - estén desocupados o viviendo en situaciones de pobreza o indigencia.
Esto no significa la eximición de responsabilidades. La principal consiste en cumplir con todas aquellas acciones destinadas a brindar al niño condiciones básicas para su desarrollo personal. En este sentido, los mayores deberán cumplir y hacer cumplir requisitos referidos al control del embarazo, asistencia sanitaria preventiva, planes de vacunación y asistencia escolar. De esta forma, el INCINI habrá de fortalecer los rendimientos de otras políticas sociales.
En términos operativos, el INCINI funcionará como un crédito fiscal efectivo y en dinero. Este beneficio viene también a unificar y a reemplazar una diversidad de programas sociales cuyo objetivo declarado es realizar transferencias monetarias, u otras formas de complementació n del poder de compra de las personas, a quienes tienen niños o niñas a su cargo. Entre las principales políticas a modificar se destacan los regímenes de asignaciones familiares y las deducciones impositivas como "cargas de familia" contempladas en el impuesto a las ganancias de las personas físicas.
La opción estratégica que inspira el presente proyecto da cuenta de la realidad argentina actual, tanto en términos de prioridades como de posibilidades prácticas de implementar, de manera rápida y efectiva, una política que revierta los problemas sociales más urgentes y señale un camino alternativo. Sintéticamente, es posible afirmar que en nuestro país:
1. Los problemas sociales, cuyas expresiones más notables son la persistencia de la precariedad laboral, la pobreza y la concentración del ingreso, no son consecuencia únicamente de los cambios operados en los patrones de producción y comercio internacional sino que resultan principalmente del tipo de políticas económicas y sociales que se adoptan internamente.
2. La idea de garantizar un ingreso universal a las personas no tiene tradición en el país, ni en el debate ni en el sistema de políticas públicas, en donde históricamente fueron privilegiadas políticas sociales fragmentadas, típicas de los sistemas institucionales corporativos.
3. Los estrechos márgenes impuestos sobre la política fiscal, derivados de los todavía elevados niveles de endeudamiento y un sistema tributario inequitativo y frágil por su alta dependencia de impuestos extraordinarios, impiden implementar de modo inmediato una red de seguridad en los ingresos que abarque al conjunto de los ciudadanos. Esto es así, tanto por el costo financiero que implica un objetivo de este tipo, como también por la cantidad y complejidad de las instituciones, normas y programas que deberían suprimirse y/o reformarse en dicha dirección.
4. Esto obliga a pensar en una estrategia de aplicación gradual de las políticas. El diseño de esta estrategia debiera considerar, por un lado, prioridades en cuanto a la cobertura de los grupos más vulnerables y económicamente dependientes; por otro lado, procurar efectos positivos inmediatos sin afectar los principios fundamentales que inspiran la concepción global: moverse desde programas fragmentados, selectivos y de carácter meramente reparador, hacia otros más integrados, universales y de carácter preventivo.
La puesta en marcha del FINCINI puede justificarse por las razones siguientes:
i) el pago de un ingreso regular fundado en la niñez produce impactos favorables positivos en los grupos familiares más vulnerables;
ii) facilita la construcción de consensos políticos alrededor de la idea de cambiar la estrategia global en el área social hacia redes de seguridad universales y preventivas;
iii) permite retomar compromisos sociales de solidaridad intergeneracional, abandonados por las actuales políticas y que resultan esenciales para construir un proyecto con visión de futuro que involucre al conjunto de la sociedad;
iv) favorece una mejor programación de las reformas institucionales y fiscales requeridas por el proceso de construcción de la red de seguridad.
2. La situación social de las niñas y niños.
Los datos estadísticos disponibles sustentan la afirmación que "la mayoría de los pobres son niños" y "la mayoría de los niños son pobres". Así lo demuestra la información producida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que estima para el segundo semestre de 2007, que 40,5% de los menores de 14 años viven en hogares pobres, mientras 14,3% lo hacen en hogares indigentes.
Otro indicador relevante para contemplar es el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) el cual establece que en 2009 el hambre en los menores de 18 años creció un 10% respecto del año anterior. De esta manera, existe un 27,9% de niños de zonas urbanas que se encontraron expuestos a situaciones de riesgo alimentario, de los cuales un 6% experimentaron hambre frecuentemente. Esto se mide en función de los 12.500.000 chicos menores de 17 años. El informe destaca que la población infantil expuesta a situaciones de riesgo alimentario experimentó durante la recuperación económica una merma. Pasó de un déficit total del 42% en 2004 a un 17,8% en 2007. Pero en 2009 se produjo un quiebre de esta variable, al pasar al 27,9%.
Esta situación se deriva de la conjunción de dos factores: i) el elevado número de familias con ingresos por debajo de la "línea de pobreza"; y ii) el hecho de que las familias pobres tienen más niños que el resto de la población. Por ejemplo, en la Argentina, los relevamientos oficiales para la zona del Gran Buenos Aires (GBA) permiten comprobar que las familias del quinto más pobre de la distribución del ingreso tienen un promedio de más de 4,5 miembros, mientras que aquellas correspondientes al quinto superior del ingreso están integradas por sólo 2,5 personas.
La distribución de los niños no es homogénea entre todos los estratos de ingresos. Los hogares de ingresos altos tienen en promedio muchos menos hijos que los hogares de ingresos bajos. Mientras que en los hogares del 20% más pobres el promedio de menores de 18 años a cargo es de 2,1, mientras que en los hogares del 20% más rico ese promedio es de 0,4.
En base a estimaciones de SEL Consultores de enero de 2009, el 23% de los chicos estaría en el primer decil de ingresos, decil el cual concentraría a la mayor parte de la población que no llega a cubrir las necesidades básicas alimentarias.
Los primeros tres deciles de ingresos, donde se concentran la mayor parte de los hogares en condición de pobreza, concentra el 54% de los niños. Por lo que más de la mitad del total de los niños se encontraría en situación de pobreza, y de esos niños pobres, la mitad no llega siquiera a cubrir sus necesidades alimentarias mínimas.
En síntesis, no sólo el mayor número de personas por hogar explica gran parte de la pobreza "per capita" de los miembros de la familia sino que, además, el mayor número de personas económicamente dependientes (sean niños/as, ancianos/as) pone mayor presión sobre los miembros económicamente activos dentro del grupo familiar. Así, en ausencia de instituciones públicas que se hagan cargo de manera efectiva del problema de la insuficiencia de los ingresos familiares, los niños y las niñas se ven forzados a trabajar a edades más tempranas, sea en actividades remuneradas o asumiendo tareas domésticas que permiten que otros miembros del grupo familiar ingresen al mercado de empleo.
Otro dato relevante en favor de la implementació n de una red de sostenimiento de ingresos basada en la niñez es la mayor incidencia de los índices de pobreza entre los hogares con jefatura femenina. Esta referencia es también importante en relación a aspectos operativos del INCINI, como ser la aplicación del criterio de que la percepción del beneficio tenga lugar a través de las madres.
De aquí también puede explicarse un tema que está relacionado con el presente proyecto de ley: la inserción laboral de las mujeres en la Argentina actual. Al menos en los sectores populares, la oferta de trabajo femenino en muchos casos no responde a motivaciones de "autonomía" o "realización profesional" sino, más bien, a la imperiosa necesidad de obtener ingresos. Así, el proceso de "feminización" de la fuerza de trabajo que se verifica en el país en los últimos años se corresponde, en medida significativa, con un fenómeno de creciente "precarización" de las relaciones laborales. Las mujeres enfrentan tasas de desocupación más altas, tienden a desempeñarse en puestos de menor remuneración y calificación, y a recibir menores remuneraciones promedios.
Otro de los efectos derivados de la insuficiencia de los ingresos familiares es que los niños y niñas que se ven obligados a trabajar, abandonan prematuramente el sistema educativo, o disminuyen notoriamente su rendimiento en el mismo. Como resultado, la formación educativa de muchos de ellos y su calificación para trabajar se resiente y, de esta forma, deterioran sus posibilidades de obtener empleos plenos, no sólo en el presente sino también en el futuro. Una persona que se incorpora de manera anticipada al mercado laboral, haciéndolo generalmente en actividades informales, marginales o directamente vinculadas al delito, no sólo abandona su proceso educativo formal sino que tampoco cuenta con la posibilidad de acumular destrezas y conocimientos mediante un proceso de "aprendizaje en el empleo".
El problema del trabajo en la niñez al de su formación en el sistema educativo, ya que además estos niños y niñas se desempeñan en condiciones de extrema precariedad. En el caso de la Argentina, según la última información consistente disponible, 75% de los jóvenes asalariados (entre 14-17 años) no cuentan con cobertura del seguro social. Además, entre los adolescentes que trabajan, más de 30% lo hace con jornadas semanales de más de 46 horas, y 43% de entre 30-45 horas. Como se puede comprobar, los niños y niñas de hogares de bajos recursos se ve forzada a trabajar en edades muy tempranas, desempeñándose en condiciones de mayor explotación que muchos de los adultos y con abandono prematuro del ciclo educativo, lo que permite pronosticar peores condiciones de vida en el futuro.
De aquí puede entenderse un error habitual en gran parte de los programas de fomento de empleo para jóvenes: en lugar de favorecer que éstos prolonguen su etapa formativa en el sistema educativo otorgan beneficios fiscales vinculados con su no asistencia al mismo. El INCINI, por el contrario, al mejorar los ingresos del grupo familiar, está en mejores condiciones para remover parte de los problemas que impiden que los niños y las niñas permanezcan durante más tiempo en la escuela.
Por lo tanto, el FINCINI no sólo garantizaría que la niñez cuente con niveles de bienestar más dignos sino que, además, produce impactos indirectos positivos como el hecho de favorecer una mayor retención de los niños en el sistema educativo y modificar las condiciones que hoy favorecen la explotación de los niños y niñas. Al mismo tiempo, debería permitir una mejor inserción de los padres en el mercado laboral al moderar las presiones para la obtención de ingresos de mercado. De esta forma, el INCINI crea condiciones más favorables para quebrar el llamado "círculo vicioso de la pobreza", concepto que reconoce que el fenómeno de la pobreza se reproduce a sí mismo, trasmitido generacionalmente dentro de los mismos grupos familiares. Los hijos heredan la pobreza de sus progenitores y éstos profundizan su pobreza en tanto deben mantener una mayor cantidad de miembros en la familia.
3. Problemas de las transferencias fiscales de ingresos sustentadas en la atención de los niños y niñas.
Las transferencias fiscales que afectan los ingresos familiares y/o personales operan a través de los esquemas de gasto social, por un lado, y el sistema tributario, por otro lado. En la Argentina, como en la mayor parte de los países de América Latina, ambos esquemas se construyeron y desarrollaron de manera desintegrada. Esto significa que tanto la captación de recursos como las erogaciones fiscales operan con objetivos y procedimientos propios, desconociendo que el impacto redistributivo para las personas resulta del "efecto neto" de estas dos intervenciones.
Por el lado impositivo, la falta de integración se debe, en gran parte, a la baja prioridad que se le atribuye al impuesto a las ganancias de las personas físicas dentro del conjunto del sistema tributario. Esta característica determina la existencia de una normativa tributaria compleja en su aplicación y carente de transparencia en sus resultados redistributivos. Resulta así que la carga tributaria efectiva sobre los contribuyentes depende más de las "fuentes" de donde perciben sus ingresos que del "nivel" alcanzado por los mismos.
Estas características se potenciaron durante la década pasada. La política tributaria profundizó los contenidos regresivos al acentuar la preponderancia de los llamados impuestos indirectos. Por el lado del gasto social, se avanzó también en el desmantelamiento de las políticas más "universales" - como es el caso de la salud y la educación pública -, y la privatización de las áreas del "seguro social", con formas más restrictivas de acceso a los beneficios. Al mismo tiempo, se implementan programas "focalizados" destinados a grupos que responden a diferentes manifestaciones de pobreza, entre los cuales, se encuentran quienes son desplazados del mercado de empleo y de los esquemas de seguro social vinculados al mismo.
3.1 Transferencias fiscales de ingresos que operan vía programas de gasto social.
Un grupo importante de los programas de gasto social que transfieren ingresos monetarios o poder adquisitivo de mercado están "justificados" en la niñez como grupo-objetivo beneficiario.
En la actualidad, hay dos programas principales de este tipo. Por un lado el Plan de Fortalecimiento Alimentario cuyos beneficiarios son fundamentalmente familias con niños menores de 14 años, mujeres embarazadas, discapacitados y adultos mayores en situación de vulnerabilidad alimentaria.
Otro programa asistencial principal de transferencias de ingresos que basa el acceso al beneficio en la niñez es el llamado Plan Familias (Plan Nacional Familias por la Inclusión Social). Este programa está destinado a hogares en situación de pobreza con hijos menores de 19 años, o mujeres embarazadas, que no reciben otro tipo de beneficios sociales. En este caso el beneficio se gradúa según la cantidad de niños y niñas que vivan en el hogar y no se exige contraprestació n laboral por parte de los adultos, sino que aseguren la asistencia escolar y los controles de salud de los menores.
De hecho, es la estrategia del gobierno que este programa incorpore a actuales beneficiarios de Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Por otro lado, los niños y niñas de estos hogares quedan nuevamente sujetos a una cobertura, transitoria y focalizada a pesar de su nombre. Hay una clara contradicción entre lo que nombra y lo que instituye.
Un segundo grupo de programas comprende intervenciones de tipo asistencial destinadas a la atención de la niñez en situación de vulnerabilidad, y también de las madres durante el período de embarazo o lactancia. En general, están constituidos por variadas modalidades de acciones nutricionales - entrega directa de alimentos, provisión en salas maternales, comedores escolares o comunitarios - las que suelen complementarse con otras medidas de tipo educativo y sanitario.
Por otro lado, se encuentran los programas que procesan transferencias monetarias directas bajo la forma de "asignaciones familiares". En estos casos, la cobertura comprende a las familias de los trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia y con contratos laborales registrados. El derecho a la percepción se extendió también a otros grupos familiares, principalmente los beneficiarios del sistema previsional y del subsidio por desempleo.
No obstante, la característica más significativa del régimen de asignaciones familiares es el alcance restringido de la cobertura, limitada a los trabajadores asalariados con relaciones contractuales formalizadas. De esta forma, resultan excluidos del beneficio los niños cuyos progenitores son trabajadores autónomos, o se desempeñan en actividades informales, el servicio doméstico o como asalariados no registrados. En consecuencia, prácticamente la mitad de los niños y las niñas del país no están cubiertos por los programas de asignaciones familiares. Aún más grave es comprobar que la limitación de la cobertura afecta principalmente a los hogares de menores ingresos y con mayor número de hijos.
Una idea de la desarticulació n de la política de asignaciones familiares es que esta se financiaba inicialmente con un impuesto del 12% sobre la nómina salarial, alícuota que fue reduciéndose de manera progresiva en el curso de los últimos años. La disminución de las fuentes de financiamiento tuvo como objetivo inicial trasladar recursos a programas sociales sustentados en otros grupos de población. Así, la baja de la alícuota al 9% se utilizó para aumentar la contribución al sistema nacional de previsión; la posterior disminución al 7,5% se aplicó a financiar el Fondo Nacional de Empleo. Por ultimo, en el contexto de reducción general de las contribuciones a la seguridad social concedido a los empleadores se establecieron nuevas reducciones selectivas de las alícuotas, estimándose que la tasa promedio actualmente vigente se ubica alrededor del 5%, menos de la mitad de la alícuota con que se inició esta política. La reforma del régimen de asignaciones familiares dispuesta en 1996 responde claramente al objetivo de convalidar el deterioro producido en las fuentes de financiamiento, ajustando el gasto mediante normas que limitaron el acceso a la cobertura y los beneficios otorgados.
En consecuencia, para las políticas públicas de la Argentina, los niños y niñas tienen diferente valor, un "precio" distinto - incluso, cero - según sea la actividad laboral de los padres, las características del contrato de trabajo o el nivel del salario (con independencia del nivel del ingreso familiar, sea total o per cápita).
Con todo, las asignaciones familiares continúan representando un porcentaje importante dentro del total de los ingresos percibidos por un amplio sector de "familias numerosas" y cuyos miembros activos perciben bajos salarios. Además, el programa de asignaciones familiares era - al menos hasta los últimos cambios - una de las pocas políticas sociales que pretendían pagar, si bien a grupos restringidos, beneficios uniformes por iguales expresiones de carga o necesidad.
Por lo mismo, y a pesar de las limitaciones apuntadas cabe reconocer que el "programa de asignaciones familiares" proporciona una base importante sobre la cual estructurar un esquema universal de asistencia a la niñez. En primer lugar, por cuanto ofrece una fuente de recursos específica; en segundo término, por la extensión de la cobertura actual; tercero, por la tradición de reconocimiento de una asignación monetaria basada en la niñez. En consecuencia, la implementació n del INCINI puede considerarse como una reforma del régimen de asignaciones familiares, destinada a extender la cobertura del mismo al conjunto de la niñez de la Argentina. Al menos en las etapas iniciales y mientras no se lleven a cabo las reformas tributarias que permitan mayor equidad y mayores recursos fiscales, el nivel de los beneficios otorgados por el INCINI puede que no altere de manera significativa la situación de algunos grupos de hogares (v.g.: asalariados formales de bajos ingresos). Sin embargo, conviene resaltar que incluso en este caso, habrán de contar con la garantía y certidumbre de seguir percibiendo los beneficios aún si tuvieran que enfrentar modificaciones de su estatus laboral (desempleo, informalidad) . Lo significativo es que pasará a tener cobertura una importante cantidad adicional de familias de bajos ingresos, que actualmente no acceden al programa de asignaciones familiares.
3.2 Transferencias fiscales de ingresos que operan vía la política tributaria.
La política tributaria también opera mediante transferencias fiscales de ingreso fundadas en los niños y niñas. Así, la normativa correspondiente al llamado "impuesto a las ganancias" reconoce a los perceptores de ingresos una serie de "deducciones" en concepto de "cargas de familia". El sentido general de estas deducciones es reconocer situaciones diferenciadas entre los contribuyentes sustentadas en razón del número y composición del grupo familiar que depende de los ingresos del titular. Las "deducciones" - entre las que se incluyen los hijos a cargo - reducen el monto de los ingresos sujetos a impuesto y determinan un menor impuesto a pagar.
El punto que debe destacarse es que en tanto la deducción por cargas de familia no opera como un crédito fiscal reembolsable, sólo están en condiciones de percibir el subsidio implícito quienes tienen ingresos lo suficientemente elevados como para ser contribuyentes efectivos del impuesto a las ganancias. Dicho de otra forma, para aquellos perceptores cuyos ingresos no superen los "mínimos no imponibles" personales, las deducciones por cargas de familia no tienen ningún efecto práctico. Además, debido a que el impuesto a las ganancias opera con tasas marginales crecientes, en los hechos, el valor de las deducciones por cargas de familia se convierten en una transferencia (subsidio) creciente para un tramo importante de contribuyentes.
La propia definición del concepto de "carga de familia" que se utiliza en el esquema de deducciones admitido para el impuesto a las ganancias difiere notablemente del aplicado para las transferencias explícitas a las familias que se procesan a través del gasto social. Así, en el programa de asignaciones familiares el único sujeto reconocido para los beneficios son los hijos (la reforma de 1996 eliminó la asignación por cónyuge, la que sólo rige en el sistema previsional) , hasta la edad de 18 años, con un pago anual adicional si concurren al sistema educativo. En el caso del impuesto a las ganancias en cambio, las personas físicas deducen como "cargas de familia" no sólo a los hijos - hasta los 24 años y sin condicionalidad respecto de la asistencia escolar - sino también al cónyuge y a otros familiares en línea colateral, ascendente y descendiente (como padre/madre; suegro/a; abuelo/a, nieto/a; yerno; nuera; etc). La deducción es aplicable aún cuando las "cargas de familia" cuenten con ingresos propios; por cierto, en la medida en que dichos ingresos no superen un cierto tope anual. Adicionalmente, las debilidades de la administració n tributaria hacen que las restricciones y condiciones establecidas para la aplicación de la deducción sean un canal adicional para la evasión.
Si bien los impactos redistributivos de los subsidios familiares que operan a través del sistema tributario son difíciles de cuantificar, es evidente que discriminan en contra de las familias de bajos ingresos puesto que, en la práctica, éstas no logran hacer efectivo el correspondiente "crédito fiscal". La inequidad, tanto horizontal como vertical, es una característica saliente del régimen que grava los ingresos personales. Por un lado, la normativa prevé un amplio conjunto de exenciones que favorecen a las rentas provenientes de la propiedad, preferentemente del capital financiero. Por otro lado, los ingresos del trabajo personal también están sujetos a contribuciones para la seguridad social, cuyo carácter básicamente proporcional, es factor de inequidad al imponer umbrales tributarios que afectan a las personas de bajos ingresos.
Dos conclusiones merecen destacarse aquí. Primero, que en la Argentina es posible encarar reformas tributarias sobre los ingresos personales que permitan, al mismo tiempo, aumentar la equidad y la recaudación. Segundo, la conveniencia de integrar los esquemas de transferencias fiscales de ingreso que operan a través del gasto social y de la política tributaria. De tal forma, se harían más evidentes - por tanto, más fácilmente evitables - las numerosas irracionalidades vigentes. Por ejemplo, las inconsistencias al momento de aplicar el concepto mismo de familia, definir beneficiarios, fijar el alcance de las coberturas o determinar el valor monetario de beneficios por igual concepto, etc. Al respecto, debería recordarse cómo la reforma del régimen de asignaciones familiares dispuso eliminar el beneficio por cónyuge y también, a partir de cierto nivel de salario, el beneficio por hijo; mientras tanto, se mantiene en vigencia el amplio conjunto de deducciones por "cargas familiares" del impuesto a las ganancias, subsidio fiscal que sólo aprovechan los perceptores de ingresos más elevados.
Todo lo anterior justifica la necesidad de reformar el sistema de tributación argentino sobre los ingresos personales ubicándolo en línea con los principios que inspiran el INCINI. Así, en el presente proyecto se propone unificar las transferencias fiscales de ingreso sustentadas en la familia, sobre la base de: 1) establecer una única transferencia "familiar" cuya fuente de derecho es la niñez; 2) eliminar los diferentes esquemas que transfieren ingresos monetarios a las familias, sea a través del gasto social como por la vía tributaria; 3) otorgar un subsidio universal, cubriendo a la totalidad de los niños y niñas (hasta cierta edad), que opere como una transferencia explícita, una suerte de crédito fiscal efectivo, pagado mensualmente a quienes tienen hijos o niños a cargo. Además, se propone ampliar la base imponible del impuesto a las ganancias de modo tal que todos los ingresos personales queden gravados, con independencia de la fuente en que se originan. Esto permitiría mejorar la equidad del sistema y aumentar la recaudación de modo tal de proporcionar los fondos requeridos para el pleno funcionamiento del FINCINI.
4. Características del "Fondo de Ingreso Ciudadano para la Niñez".
Los argumentos que más frecuentemente se esgrimen para apoyar las políticas de asistencia a la niñez toman en cuenta: 1) fundamentos de tipo ético, que consideran a los niños y niñas como sujetos "inocentes" y, por lo tanto, no culpables de su situación personal y social. Por ejemplo, en el caso de los niños/as no puede alegarse que la pobreza es consecuencia de falta de dedicación al trabajo o esfuerzo propio; 2) fundamentos basados en la idea de "contrato social intergeneracional", considerando que los niños y niñas de hoy deben ser motivo de cuidado porque serán los adultos que en el futuro deberán ocuparse de cuidar al resto de las personas dependientes, incluyendo las nuevas generaciones de jóvenes.
El ingreso incondicional que se propone financiar por medio del FINCINI se justifica en ambas perspectivas. En el derecho de toda persona económicamente dependiente a no sufrir las consecuencias de una situación de la que no es culpable, como también por los postulados solidarios típicos de la idea de contrato social. Una política de asistencia a la niñez, de carácter universal e incondicional, debe asumirse entonces como una responsabilidad del conjunto de la sociedad y no solamente involucrar a los padres y madres de niños pobres. Por lo mismo una política de este tipo debería verse como el inicio de un camino cuyo objetivo final es el establecimiento de redes de seguridad social más amplias, situación que se hace cada vez más urgente a poco que se observen las tendencias a la concentración de la riqueza y el ingreso, que derivan de las actuales políticas.
El "derecho de todo niño/a a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social", se reconoce crecientemente como un "derecho humano" fundamental en las sociedades contemporáneas y se expresa en normas jurídicas internacionales a partir de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, la Argentina ha incorporado los derechos de la niñez, de la "protección integral de la familia" y la "compensación económica familiar" como normas constitucionales.
Si a lo anterior, sumamos que la mayoría de los estudios muestran que hay una mayor preocupación y responsabilidad de las madres por la suerte de los niños y niñas, a la vez que existen mayores índices de pobreza en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, la conclusión es que parece más racional que sea la madre quien actúe como agente de percepción del INCINI. Por otra parte, esto terminaría con las situaciones de injusticia que se verifican en los casos de padres separados, en tanto suele ser el padre quien actúa como titular de los beneficios del "programa de asignaciones familiares" aún cuando la madre queda al cuidado de los niños.
La implementació n de un programa de asistencia a los niños y niñas de carácter universal deberá tener un importante impacto redistributivo a nivel regional debido a que el acceso a los beneficios no depende de la condición de asalariados registrados de los padres, ni de su condición de desocupados inscriptos en el Plan jefe/a, o de contribuyentes efectivos en el impuesto a las ganancias. En igual sentido, operan factores demográficos puesto que las tasas de natalidad son más elevadas en el interior del país, mayor la población infantil y también mayor el promedio de niños por hogar.
Desde el punto de vista operativo, la alternativa propuesta evita algunos de los problemas típicos de los programas focalizados de sostenimiento de ingresos como los "tests de recursos" y "tests de necesidad" destinados a la evaluación del nivel de ingresos y condiciones de vida de los beneficiarios y la llamada "trampa de la pobreza". Esto significa que: 1) se evitarían excesivos gastos administrativos, de dudosa eficiencia, en tanto se requieren complejos sistemas de gestión para la evaluación permanente de los ingresos familiares; 2) no se desestimulan los esfuerzos personales para la búsqueda de ingresos alternativos, al tiempo que se generan condiciones para que no se acepten relaciones laborales de "explotación"; 3) evita las situaciones de clientelismo al eliminar las mediaciones para acceder a los beneficios.
En cuanto a la forma de operar fiscalmente, el INCINI debe considerarse como un ingreso familiar no sujeto a impuestos. Paralelamente, es preciso eliminar las deducciones por "cargas de familia" admitidas en el impuesto a las ganancias. De esta forma se lograrían dos objetivos. Primero, que los hogares de menores ingresos cuenten efectivamente con un crédito fiscal por los hijos. Segundo, que las familias de mayores ingresos paguen sus impuestos personales sobre una base tributaria mayor. En este caso, el esquema propuesto implica una modificación de la lógica vigente en materia de transferencias fiscales de ingreso: focalizar la carga tributaria en los más ricos, en vez de universalizarla en el conjunto social y universalizar, en vez de focalizar el gasto en los más pobres.
En síntesis, la puesta en marcha del presente proyecto constituirá un paso significativo en dirección a revertir los efectos nocivos generados por las actuales políticas. En primer lugar, en tanto amplía notablemente la cobertura social a la niñez y a sus progenitores, incluyendo a los que no trabajan en el mercado asalariado formal. En segundo lugar, porque otorga mayor simplicidad administrativa y una mejor asignación de los recursos existentes. En tercer lugar, porque evita las desigualdades de tratamiento entre los propios niñas y niños del país, y el uso de los mismos como mercancía para el clientelismo político y la explotación familiar. En cuarto lugar, porque señalaría el camino para erradicar los graves problemas de deserción del sistema educativo. Finalmente, porque permitiría cambiar la estrategia con que se opera en el mercado laboral, apuntando a mejorar los beneficios de los que están "afuera" en lugar de seguir deteriorando las condiciones de trabajo de los que están "adentro".
5. Costo y fuentes de financiamiento del proyecto.
A los efectos de evaluar adecuadamente la viabilidad financiera del INCINI es preciso tomar en cuenta el concepto de "costo financiero neto"; esto es, el volumen de recursos adicionales requeridos para la implementació n del mismo. Al respecto, conviene recordar la existencia de una serie de programas que captan (y transfieren) poder adquisitivo a las familias, fundados en la niñez, los que deberían reformarse y/o suprimirse y sus recursos ser aplicados al financiamiento del "ingreso ciudadano para la niñez".
De esta forma, el "costo financiero neto" del presente proyecto está dado por la diferencia entre el "costo financiero bruto" (resultante de multiplicar la cantidad de beneficiarios - aquí, los niños y niñas menores de 18 años - por el valor monetario del beneficio unitario) y los "ahorros" provenientes de la reducción/eliminació n de gastos sociales dirigidos a la infancia, que resultarían redundantes con el INCINI. El resultado final indica la "brecha de financiamiento" que deberá cubrirse y su magnitud dependerá de tres factores principales: 1) la cantidad de niños y niñas; 2) el valor del INCINI; 3) los "ahorros" por reemplazo de programas sociales. La población infantil y el nivel de ahorro constituyen parámetros del problema y, de esta forma, el INCINI es la variable independiente determinante del nivel de la brecha de financiamiento.
El proyecto propone comenzar la aplicación del INCINI con un nivel inicial que puede calificarse como modesto. Aunque el mismo no alcance para cubrir totalmente las exigencias familiares en relación a la atención y cuidado de los niños, no obstante, se considera que habrá de permitir una mejora sustancial en las condiciones de vida de las familias más numerosas y de menores ingresos. El monto de la asignación universal se establece en $200 y el valor del INCINI se ajustara en base a un índice determinado en la reglamentació n que contenga una variable como el aumento en la canasta básica alimentaria. La alta participación de los alimentos en las canastas de consumo de las familias de ingresos menores hace de esta variable la que se ajusta mejor al derecho que se está introduciendo en este proyecto.
La reglamentació n de este ajuste requiere del compromiso del poder ejecutivo en trasparentar las estadísticas públicas publicadas por el INDEC, sobretodo en materias de precios. En el siguiente gráfico se puede observar las diferencias constantes entre las estadísticas de precios al consumidor nacionales oficiales (INDEC) y las estadísticas oficiales de las provincias (Departamentos de Estadísticas Provinciales) .
El total de beneficiarios del INCINI, para el caso de los niños y niñas, se estima en base a las Estimaciones y Proyecciones del INDEC (1) en 2010 habría un total de 12.226.046 menores de 18 años. Las madres embarazadas serían aproximadamente 721.200, dada la tasa de natalidad de 17,8 nacimientos cada 1.000 habitantes y con una población total estimada para el 2010 de 40.518.951. El costo bruto sería de $29.342 millones para la asignación por hijo y de 866 millones para el subsidio pre natal. El costo bruto total sería $30.208 millones representaría el 2,6% del PBI a precios corrientes del año 2009.
El INCINI tiene dos fuentes principales de financiamiento: cambios en la estructura tributaria y programas reemplazados: se prevé modificar el actual régimen de subsidios, asignaciones y deducciones impositivas.
En primer lugar tiene pensado una serie de modificaciones del impuesto a las ganancias.
Eliminación de deducción por hijo de impuesto a las ganancias: Actualmente las familias que pagan impuesto a las ganancias pueden deducir por cada hijo $5.000 pesos anuales de la ganancia neta. La población alcanzada por esta eliminación sería de 960.000 chicos. También estarían alcanzadas las otras cargas de familia contempladas en el Artículo 23 del impuesto a las ganancias. Una estimación de SEL Consultores de Enero de 2009 arroja que la deducción del impuesto a las ganancias por hijo sería aún mayor, estimándolo en $2.700 millones.
Eliminación de exención a la renta financiera: El presupuesto 2010 incluye una serie de estimaciones de gastos tributarios por las exenciones vigentes en el impuesto a las ganancias.
- Intereses títulos públicos: Según las estimaciones del presupuesto 2010 el gasto tributario por la exención de ganancias en intereses de títulos públicos sería de $3.730,5 millones.
- Intereses de depósitos privados: Los depósitos privados a plazo en pesos promediaron en agosto de 2009 $58.700 millones, a tasas promedio del sistema de 11.7%, lo que arroja que se pagarían intereses anualmente por $6.668 millones de pesos. Aplicando una alícuota de 35% se tributaría por estos intereses $2.400 millones aprox. Para el caso de los depósitos privados a plazo en U$S, estos totalizaban U$S 5.700 millones, equivalentes a $21.800 millones, a tasas promedio de 1%, lo que arroja que se pagarían intereses por $218 millones, lo que equivale a una recaudación impositiva de 76 millones de pesos. Adicionalmente las cajas de ahorro del sector privado pagan un interés promedio del 0,53%, sobre un monto de depósitos de $35.500 millones, de los cuales no todos pagarían impuesto, el total de intereses pagados sería de 188 de pesos. Se incluye solo el 10% de esos intereses. Estimando que 2/3 partes se encuentran en manos de personas físicas (IV Categoría) la estimación de cobro de impuesto a las ganancias por este concepto sería de $1.663 millones anuales.
- Intereses Obligaciones Negociables: Los intereses a pagar en 2009 estimados por el IAMC (2) suman U$S 360,3 millones, lo que equivale a casi $1.400 millones de pesos. En este concepto se podrían cobrar hasta 480 millones de pesos en concepto de impuesto a las ganancias. Suponiendo que 1/3 parte estuviese en manos de personas físicas (IV Categoría) la estimación de cobro de impuesto a las ganancias por este concepto sería de $160 millones anuales.
A continuación se detallan los gastos tributarios estimados en el mensaje de presupuesto 2010 en concepto de impuesto a las ganancias.
Por impuesto a las ganancias se incrementaría la recaudación del mismo en $2.700 millones por la eliminación de las cargas de familia y $5.778 millones por la eliminación de las exenciones a la renta financiera (3) . Del total del impuesto a las ganancias se destinaría el 18% al FINCINI, lo cual representaría un monto de $12.150 millones.
En segundo lugar se reemplazaría el régimen vigente de Asignaciones familiares: En presupuesto 2010 incluye una estimación de transferencias en concepto de asignaciones familiares por $8.995 millones. Adicionalmente el día 19/10 se anunciaron incrementos en las asignaciones familiares de 33%, sin modificar los topes de remuneración. Según estimaciones de la ANSES eso implicaría un mayor gasto para el año entrante de $2.500 millones de pesos. Sumando el presupuesto original, mas la modificación reciente, se contarían entre ambos conceptos de $11.495 millones. De este total estimamos que $9.347 millones corresponden al subsidio por hijo.
En tercer lugar los planes sociales focalizados (4) (propensos al clientelismo) entre los cuales se destacan:
- Familias por la Inclusión Social: $2.374 millones
- Plan Jefes de Hogar: $ 641 millones
- Pensiones No contributivas (Madres de más de 7 hijos (5) ): $1.316 millones
- Asignación Decreto 1.602/09: $9.965 millones (Según informe ASAP)
De la estimación surge que el costo financiero neto sería $4.300 millones de pesos, un 0,4% del PBI a precios corrientes del año 2009.
Debe notarse aquí que, tanto las provincias como los municipios, resultarán al mismo tiempo favorecidos financieramente por dos vías. Por un lado, en tanto el INCINI reemplaza las asignaciones familiares que pagan de manera directa a su personal y que gravan así sus presupuestos; por otro lado, en tanto, la propia vigencia del INCINI habrá de significar una mejora de los ingresos familiares de los grupos más vulnerables y, en consecuencia, menores demandas sociales en materia de programas asistenciales.
Sin perjuicio de lo señalado previamente, cabe al Gobierno Nacional en su conjunto, la responsabilidad para complementar los recursos que fueran necesarios para la plena aplicación del INCINI, sea a través de la reasignación de otras partidas de gasto de menor impacto social, como también mediante la aplicación de otros recursos de origen tributario. Lo que de ninguna forma podrá admitirse es que la sociedad argentina no cuenta con recursos suficientes para garantizar a los niños, niñas y discapacitados mejores condiciones de vida en el presente y para el futuro.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
(1) Análisis Demográfico Nº30, INDEC(2) Instituto Argentino de Mercados de Capitales
http://www.iamc. sba.com.ar/ informes/ Articulos/ 2009/Vencimiento s%20 ON%202009-2014. pdf
(3) Este monto no incluye una estimación de recaudación por el concepto de compra y venta de acciones y títulos ya que no hay una estimación disponible en la planilla de gastos tributarios del Presupuesto 2010
(4) Los montos tienen como fuente la información del presupuesto 2010
(5) Pensión no contributiva para madres de más de 7 hijos, según meta física de presupuesto 2010 llegaría a 304.742 madres.


